Niños, niñas y maestros

En un artículo de opinión del periódico El Tiempo de este domingo, la periodista María Isabel Rueda encabezó su columna con el titular: Congresistas: ¿al matadero?, en donde plantea el riesgo que tendrían los legisladores, en el caso que se les exigiera sesionar de manera presencial, con base en un fallo de la Corte Constitucional que obliga a echar para atrás una norma expedida por el primer mandatario. Dice la periodista que obligar a que el congreso se reúna presencialmente pondrá en peligro muchas vidas, y ocuparán muchas UCI.

Es natural que haya preocupación porque los congresistas pueden terminar infectados con este virus; por más animadversión que algunos tengan hacia determinados legisladores, no se desea que una persona se infecte de un virus.


Pero, así como se piensa y critica en este caso, respecto al riesgo para los parlamentarios, debe existir igual o más preocupación por el riego en la salud y la vida de casi doce millones de niños, niñas y adolescentes, además de los 400 mil maestros que estaríamos expuestos al contagio, si se aceptan los caprichos planteados en los lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional. Tal voluntad del ejecutivo pretende crear una trampa para que los consejos directivos asuman la responsabilidad de abrir las instituciones, supuestamente con el objetivo de garantizar el derecho a la educación. En esto, al exponer a los niños se está igualmente exponiendo a sus padres, abuelos y cuidadores.

 

Es verdad que muchos estudiantes en Colombia no han tenido acceso a la conectividad, así como de casos de estudiantes que presentan afectaciones emocionales y psicosociales a razón de no asistir de manera presencial a las aulas. Pero, también es cierto que, la presencialidad de las clases con una supuesta alternancia, no garantiza un mejoramiento en su estado de ánimo.


Si en verdad el gobierno está preocupado por la situación emocional de los jóvenes, las instituciones educativas públicas deberían se respaldadas con personal de apoyo adecuado para asistir el impacto actual. Por ejemplo, se requiere contar con orientadores, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, entre otros profesionales que la estructura educativa exige para abordar el contexto emocional que los niños, niñas y jóvenes están viviendo. Pues, por el simple hecho de no querer invertir, a tal punto que a la fecha no ha habido la voluntad política que se necesita para tramitar un proyecto de ley que lleve a garantizar los recursos que requiere la educación en el país.


Es curioso que el Ministerio de Educación Nacional haya expedido un documento en donde se fija una serie de lineamientos para que los colegios se preparen para la alternancia, que no es otra cosa que llevar poco a poco a los muchachos y maestros al matadero, pues así como hay maestros, directivos, como secretarios de educación,  que piensan inteligentemente, existen otros que sólo piensan en ser complacientes o genuflexos  con  sus superiores, buscando obedecer y convencer a los demás para que caigan en un error, de la que tarde o temprano se tendrán que arrepentir.


Al respecto, el panorama frente al manejo de la pandemia es desolador, no solo por la preocupación de posible exposición al contagio para los congresistas, también por nuestra niñez, personal médico, maestros, por todas las familias que también están en inminente riesgo de contagio se abren los colegios. Aspecto que como están las cosas favorecen más a pocas empresas de transporte y distribuidores de comida “chatarra” que son las que surten las denominadas casetas escolares, productos que en su mayoría están saturados de azucares, conservantes, edulcorantes, entre otros que nada o poco contribuyen a una nutrición o alimentación saludable.

Maestros, padres de familia y comunidad en general: antes de pensar en volver a la escuela, se debe analizar lo que viene sucediendo en el país. Ya está claro que los días de confinamiento no se aprovecharon para preparar el sistema de salud; es una vergüenza que, de los 2.767 respiradores prometidos por el gobierno nacional, solo 547 estén funcionando y otros 400 que se han comprado no estén calibrados para que funcionen donde tienen que funcionar.


Es irresponsable y es una estupidez plantear un regreso a la escuela, cuando nos acercamos al pico de la pandemia, pues antes de llegar al famoso pico, estamos registrando, ya no 100 sino más de 200 muertos diarios. Insisto en que los ciudadanos debemos tener presente el informe enviado por el gobierno a la Corte Constitucional, en donde señalan que el número de muertos a diciembre llegará a más de 40 mil. El que la comunidad estudiantil no haga parte de esa cifra, o no la incremente, es una responsabilidad de consejos directivos y de maestros en las instituciones educativas.


Por tanto, si aún no se ha llegado al pico de la pandemia y ya se ha superado el nivel de ocupación de las camas UCI en más del 80%, ¿Qué nos espera en el mes de agosto para el cual nos dicen que preparemos el regreso a los colegios? ¿Cuál será nuestra responsabilidad como maestros o como padres de familia cuando desde las instituciones educativas estemos contribuyendo para tener el número de muertes diarias que ya se anuncian que estará entre 400 y 600? ¿A cuántos infectados y muertos se podría llegar con los estudiantes expuestos?


No nos sintamos culpables por el aumento del desempleo, eso ya se había pronosticado antes de la pandemia, sin negar que ella ha contribuido; no nos echemos culpas que no nos corresponden. Si el gobierno de verdad estuviera interesado en mejorar la economía no estaría malgastando los más de cien billones de pesos, que se han vuelto plata de bolsillo en manos del presidente y el ministro de hacienda, nombrando a sus amigos en cargos tan rebuscados como el gerente de coronavirus y toda la burocracia que requiere el cargo, o nombrando asesores para todo.  Otros funcionarios malgastan los recursos haciendo viajes con sus familias y amigos a sitios como San Andrés.


¿Creen ustedes que el Gobierno está preocupado por la salud, la educación y el bienestar de sus habitantes, cuando a cambio de estar anunciando más inversión en hospitales, centros de salud e instituciones educativas, se está pensando en cómo combatir las manifestaciones que se vendrán una vez termine está larga noche? Me refiero a la tanqueta no tripulada que fue patentada por la policía ante la Superintendencia de Industria y Comercio y que servirá para lanzar granadas aturdidoras y cañones de gas y agua en forma remota. Este juguetico represivo costará la suma de 600 millones de pesos, con él se podrán asesinar accidentalmente a manifestantes y no habrá responsables directos como en el caso ocurrido con el estudiante “Dilan Cruz”.


Mientras no existan garantías, mientras no se conozca a ciencia cierta el comportamiento del virus, la comunidad educativa debe rechazar cualquier intento de regreso a la esencialidad en la escuela, así sea con el distractor de la alternancia.


Bogotá, 13 de julio de 2020

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